El presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) José Lorenzo se refirió a la sentencia judicial en la que la Justicia obliga al Gobierno nacional a devolver las pensiones por discapacidad que quitó. En ese sentido, volvió a lamentar la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que meses atrás derogó 70.000 pensiones que brindaban una ayuda económica y sanitaria a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Lorenzo se mostró optimista para con la medida que pueda tomar el Estado nacional. "Es muy difícil retrotraer una medida donde hubo un recorte importante de dinero, es el 10% del padrón de todas las pensiones del país", marcó el titular del IPRODICH, agregando que “esperamos que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dé lugar a este fallo y que se le restituyan los derechos a las personas con discapacidad".
El presidente del IPRODICH comentó que “el recorte de pensiones por discapacidad comenzó el año pasado a baja escala, y este año se hizo una quita estrepitosa que asciende oficialmente a 70 mil pero extraoficialmente a 170.000”. En esa línea explicó que el gobierno nacional de Mauricio Macri se basa en el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 y que durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no se derogó ni puso en funcionamiento.
Seguidamente Lorenzo dio precisiones sobre las consecuencias que sufre una persona con discapacidad a quien se le quita la pensión. “Al sacarles la pensión, el gobierno no solo le está quitando una ayuda económica sino la cobertura de salud que se traduce en medicamentos, atención hospitalaria, estimulación temprana, entre otros”, subrayó Lorenzo.
El fallo judicial de restitución
Esta situación se da frente al fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de la Seguridad Social que resolvió rechazar la apelación interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Social contra una medida cautelar que ordenaba restablecer las pensiones por invalidez, después de que en marzo pasado más de 170 mil personas fueran privadas de ese beneficio. En las sentencia, los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero aseguraron que por tratarse de "derechos alimentarios e irrenunciables" de las personas con discapacidad esas pensiones deben ser restituidas.