Hoy 3 de mayo se conmemora el sexto aniversario de que entró en vigencia la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo. El Instituto provincial Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich) destaca que propósito es asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas con discapacidad. El presidente del Iprodich, José Lorenzo resaltó la importancia de que exista este protocolo y sobre todo que Argentina haya adherido (por la Ley 26378) garantizando así un marco legal para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Consideró así la importancia de que se conozca su contenido ya que es un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. Explicó que los Estados que se adhieren a la Convención se comprometen a adoptar y aplicar las políticas, leyes y medidas administrativas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención y derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación. La convención La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fue aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 200; entraron en vigor el 3 de mayo de 2008. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación de la Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.